Esas empresas privadas decidieron incrementar el valor de las cuotas a sus afiliados por mayores costos, pero hasta ahora el aumento de los fondos no se ve reflejado en una mejora de los honorarios profesionales en la medida de lo esperado.

Las empresas de medicina prepaga le dijeron el 20 de enero al Gobierno Nacional que el aumento decidido en las cuotas que se aplicará a partir de febrero es “irreversible”, se aplicará tal como estaba previsto, y según el caso, irá del 8 al 20 por ciento.
La decisión empresarial fue fundamentada en las subas salariales que está obligadas a conceder a sus trabajadores y en un incremento de los costos, pero hasta el momento, los bioquímicos no hemos obtenido de las prepagas un reconocimiento en la elevación de los costos de laboratorio que implicó la devaluación y sólo se han obtenido mejoras mínimas, cuando se esperaba una recomposición arancelaria de al menos el 50 por ciento.
A la luz de la aplicación por parte de las empresas de medicina prepaga de incrementos en las cuotas a los afiliados, la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires proseguirá activamente durante las próximas semanas con las negociaciones entabladas con ese sector empresarial para obtener mejoras arancelarias que compensen el incremento de los costos de laboratorio.
Esas tratativas se redoblarán porque además, existen coincidentes versiones con respecto a que a partir del mes de marzo próximo, las prepagas tienen la intención de aplicar un nuevo aumento de las cuotas a los afiliados.
Debe señalarse también que la Subsecretaría de Defensa de la Competencia anunció que controlará si las empresas de medicina prepaga aplican “aumentos indebidos”, y fiscalizará los contratos de esas compañías para detectar si existen “abusos” en perjuicio de los afiliados a sus servicios.
La advertencia oficial se conoció luego de que esas empresas le dijeran al Gobierno que el aumento decidido en las cuotas es “irreversible”, y revelaron que, según el caso, irán del 8 al 20 por ciento.

Prácticas abusivas

En un comunicado, la Subsecretaría anunció que además de realizar una estudio del mercado de la medicina prepaga pedirá a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que investigue si existen o han existido prácticas -respecto de los aumentos de precio anunciados- que puedan resultar violatorios de la ley de Defensa de la Competencia.
También se anunció que se “controlará y fiscalizará” que los contratos de las empresas contengan la debida información respecto del precio de los servicios, su eventual modificación y los mecanismos de notificación a los consumidores, en el marco de la mencionada ley.
Según se indicó, dicha fiscalización buscará “evitar modificaciones unilaterales en los contratos y situaciones de abuso por parte de las empresas”.
En una reunión realizada en la sede de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor no se logró avanzar en el diálogo, ya que las empresas anticiparon que la decisión de aumentar las cuotas está “tomada”.
La justificaron en que es “necesario” hacer frente al aumento de salarios dispuesto por el gobierno, y en los incrementos que registraron los insumos del sector, que “nunca fueron compensados siquiera parcialmente”.
La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, le dijo a los representantes de las prepagas que, a juicio del gobierno, el incremento es “injustificado”, y les pidió que reconsideraran la medida, pero no encontró eco en el sector empresario.
El Gobierno tiene potestad para intervenir en cuestiones relacionadas con las obras sociales, pero como no existe una ley que regule a las prepagas, se cree que la negociación ingresó en un “callejón sin salida”.
La Resolución 9/2004 de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía establece que en los contratos de consumo que tengan por objeto la prestación de servicios de medicina prepaga, comunicaciones móviles, financieros y bancarios serán consideradas “abusivas” las cláusulas que otorguen al proveedor la facultad de hacer modificaciones de manera unilateral.

El Ministro

Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, salió públicamente a pedirle “responsabilidad social” a las compañías de medicina prepaga que anunciaron incrementos de entre el 8 y el 20 por ciento en sus cuotas a partir de febrero.
Además, el ministro reclamó a las empresas no aprovechar el vacío legal en materia de regulación del sector para aplicar los aumentos.
“Insto a los empresarios a que entiendan cuál es la situación y hagan el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos”, enfatizó González García, quien consideró que “es una responsabilidad social” de las empresas.
Si bien admitió que el aumento de las prepagas “está dentro de las reglas de juego y desde el punto de vista legal puede hacerse”, González García pidió a las empresas que “como hay un vacío legal, hasta que se construya, que las cuotas permanezcan con variaciones mínimas”.
“No hay que cantar victoria porque la economía mejoró, porque todavía falta mucho”, señaló el ministro, y consideró que “todos deben hacer un esfuerzo y no mirar la foto del día”.
En otro orden, González García aclaró que “no habrá ningún subsidio” para que las prepagas no aumenten sus cuotas, porque explicó que se trata de “un sector de ingresos medios y altos”.
Además, el ministro destacó que “el sentido redistributivo del Gobierno es hacia quienes menos tienen”.
En tanto, el director general de Defensa del Consumidor del Gobierno porteño, Miguel Fortuna, consideró que las cuotas de las compañías de medicina prepaga “deben ser discutidas” en un ámbito oficial, al salir al cruce del anunciado incremento de entre 8 y 20 por ciento que aplicarán las empresas desde febrero.
De esta forma, Fortuna solicitó equiparar la discusión con la que se está produciendo en la órbita de los servicios públicos.
Fortuna cargó contra los empresarios de medicina prepaga, al señalar que “ellos vienen siempre con el argumento de ‘no me dan los números, tengo que aumentar”, y se quejó, además, porque “nadie puede controlar” a las empresas de medicina privada si incrementan las tarifas.
“Así como se hace con las tarifas de las privatizadas, en este caso la cuota debe ser el resultado de una serie de variables”,señaló Fortuna.
El funcionario criticó también a los empresarios del sector de salud privada, porque “siempre dicen ‘nos van mal las cosas, tenemos que aumentar’”.
“Los costos los arman ellos”, dijo Fortuna, y señaló que “con la condición de ‘no me dan los números’, cualquiera puede aumentar en cualquier momento, y eso no puede admitirse”.