Institucionales

Otro intento del Pami por
eliminar las gerenciadoras

El Instituto abrió el proceso para la contratación directa de los prestadores, sistema que en la provincia de Buenos Aires comenzaría a aplicarse, según versiones extraoficiales,
recién a partir del año próximo. Faba presentó sus listados
ante las distintas Unidades de Gestión Local.


Finalmente, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados comenzó a publicar en su página de Internet el llamado a inscripción directa de prestadores para suprimir el sistema de intermediación a través de las gerenciadoras, cuestión que desde luego también involucra a los efectores bioquímicos.
Si bien por el momento el formulario de inscripción no permite a cada profesional inscribirse a través de las entidades que genuinamente los representan, como la Federación Bioquímica en el caso de la provincia de Buenos Aires, Faba ya concretó la presentación de sus correspondientes listados, según las diferentes jurisdicciones, ante cada una de las diez Unidades de Gestión Local (UGL) del territorio bonaerense, incluidas las del Gran Buenos Aires (Lanús, Morón, San Justo y San Martín).
Debe indicarse que la Federación Bioquímica ha insistido en solicitar una vez más una entrevista con la interventora del Pami, Graciela Ocaña, con el objeto de obtener precisiones sobre el tema, sin que, hasta el cierre de la presente edición de Faba Informa, se hubiera obtenido una respuesta.
De todos modos, hay que mencionar que versiones extraoficiales que no fueron desmentidas ni admitidas por autoridades del Instituto, dan cuenta de que el nuevo sistema de contratación directa comenzaría de manera experimental por algunas provincias chicas, por lo que de acá a fin de año no cabría esperar que se produjeran cambios en nuestra provincia, la que pasaría a quedar comprendida en el nuevo modelo a partir de los primeros meses de 2005.

Complicaciones con gerenciadoras

Por otra parte, se debe señalar que las relaciones con gran parte de las gerenciadoras del Pami se ha complicado en virtud de que siguen sin trasladar a las determinaciones de laboratorio el incremento capitario recibido del Instituto a partir de junio último y a su vez algunas de ellas han realizado débitos no justificados.
En ese marco, se destaca la actitud de los Consorcios del Ministerio de Salud de la Provincia (Cisbo) y de la gerenciadora Mejor Salud que sí efectivizó a los bioquímicos bonaerenses el traslado de la mejora arancelaria percibida a partir de junio pasado.
También se debe mencionar que las gerenciadoras Fecliba, Cosanova, Salud 2001 y Consorcio Médico Norte, no aumentaron los honorarios bioquímicos, pero en el caso de la última gerenciadora mencionada, además, no se completó el pago correspondiente al mes de junio, razón por la cual a partir de octubre se podría a interrumpir las prestaciones como así también a Fecliba XXX que tiene jurisdicción en la zona centro de la Pcia.


Ocaña

Graciela Ocaña sostuvo que, con esta nueva modalidad, se busca eliminar el sistema de intermediación que provocó por ejemplo que “parte del dinero que se destinaba (al sistema) quedara en terceras manos”.
“El Pami ya no entregará a una persona el manejo de las cápitas, no habrá una ventanilla en la cual parte del dinero se quedaba en terceras manos. Buscamos que el dinero que el Pami paga sea en prestaciones, y premiemos a quienes dan servicios, y no como sucede en el sistema actual donde la ganancia de los prestadores está en no dar las prestaciones”, dijo Ocaña.
Agregó que, con la contratación directa de servicios se va a “empezar a desarmar el sistema que ha sido el conducto por el cual se perdió dinero del Pami” y que los jubilados y pensionados tendrán la oportunidad de participar en esta selección de nuevos prestadores, a través de una encuesta no vinculante.
“Tenemos en esta iniciativa dos propuestas importantes: la primera es que los prestadores que deseen incorporarse podrán realizar su trámite, a la vez que los jubilados recibirán con sus recibos una solicitud para opinar acerca de qué prestadores quieren”, explicó la funcionaria.
“La participación de las gerenciadoras debe terminar”, expresó Ocaña, quien justificó esta decisión al señalar que estos intermediarios facturan por año 1.000 millones de pesos y tienen ganancias calculadas “en 400 millones de pesos”.
Ocaña aseguró que el Pami “tiene un superávit operativo” producto de una mejora de la recaudación, pero aseguró que en el proceso de ordenamiento que lleva adelante desde principios de año se encontró con “mucho pasivo oculto. Esta buena recaudación nos permite tener un superávit operativo, pero no se puede consolidar todavía en el tiempo a raíz de que había muchos pasivo ocultos en el organismo, por eso estamos obligados a tener un manejo responsable de los recursos”.
El Pami, según datos oficiales, tiene recursos asignados para el 2004 de 3.127 millones de pesos, mientras que cuenta con en déficit acumulado en los últimos años de 4.700 millones de pesos.
Graciela Ocaña aseguró que “hay prestadores que añoran a (los ex interventores de la Obra Social Víctor) Alderete y Matilde (Menéndez)”, molestos por los cambios que impulsa en ese organismo y aseguró que está “convencida” de que esos sectores la quieren desplazar.
La funcionaria indicó que “está claro que hay gente que está muy molesta” por los cambios que la nueva gestión está promoviendo en la obra social. “Los grupos del Pami de los negociados son los prestadores que añoran a Alderete y a Matilde”, y que pretenden seguir con “un modelo donde ganen dinero sin prestar servicios” a los jubilados, dijo.

Investigación de Stornelli

El fiscal Carlos Stornelli se pondrá al frente de una unidad para recibir denuncias sobre corrupción en el Pami, que luego derivarán en causas penales en un sistema similar al que ya funciona en el ANSES para los planes jefes y jefas de hogar.
Si bien la resolución será firmada a comienzos de octubre por el Procurador General Esteban Righi, el mismo Stornelli confirmó que aceptó el ofrecimiento que se complementará con su tarea en la fiscalía federal de los Tribunales de Retiro.
“Aún no fue firmada la resolución que crea la unidad”, aclaró Stornelli a los periodistas en los Tribunales.
Ante la ya bautizada “UFIPAMI” se podrán realizar denuncias telefónicas o personales, con nombre y apellido o anónimas, sobre irregularidades de gestión en la obra social de los jubilados o sospechas de hechos de corrupción.
La unidad fiscal no atenderá reclamos de beneficiarios por prestaciones, debido a que éstos ya tienen su propia línea para hacerse escuchar, aclararon desde la obra social.
“La idea es que se dedique a causas penales”, detallaron fuentes de la oficina de prensa del Pami, cuya titular Graciela Ocaña fue quien llevó la idea a Righi y hasta sugirió el nombre de Stornelli.
La Unidad Fiscal tendrá su sede en el edificio central del Pami y se financiará con una partida presupuestaria de esa obra social.
En la práctica tendrá el mismo rol que en el ANSES cumple la Ufises a cargo de otro fiscal, Guillermo Marijuan, donde se recepcionan denuncias por jubilaciones truchas o irregularidades en la adjudicación de planes jefes y jefas de hogar.


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