La diputada nacional del ARI, Graciela Ocaña, asumió una nueva intervención del Instituto y hasta ahora no ha respondido los pedidos de audiencia formalizados por FABA para tratar el pago de la deuda y una recomposición de los valores capitarios.

Finalmente, el Gobierno Nacional en lugar de normalizar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tal como lo había dejado entrever en diciembre último, decidió renovar la intervención del Instituto poniendo al frente de su conducción a la diputada nacional del ARI, Graciela Ocaña.
Tras la asunción de la legisladora al frente del Instituto, la Federación Bioquímica solicitó con urgencia una entrevista, pedido que aún no ha sido respondido, para tratar temas de vital importancia para nuestro sector como los de la recomposición de los valores capitarios y el pago de la deuda de siete meses, cuestión que sigue en un terreno de indefinición total.
Con la designación de Ocaña en el Pami, el gobierno Nacional llevó a cabo una jugada de evidente tono político, ya que la diputada carece de conocimientos en la materia, aunque es de esperar que si su gestión sirve para acabar con los nichos de corrupción que subsisten en el Instituto, los fondos que se rescaten puedan volcarse efectivamente a las prestaciones.
De todos modos, las autoridades de FABA tienen la intención de denunciar ante Ocaña la persistencia de situaciones francamente anómalas que surgen del sistema prestacional que se aplica a través de las gerenciadoras, marco en el que enormes sumas de dinero del Pami se pierden en una intermediación que, entre otras cuestiones, provoca, que esas intermediarias paguen a los bioquímicos, según los casos, exiguos valores capitarios que se ubican entre $ 1,30 y los 70 centavos.
Esta situación se da pese al incremento de dos pesos per cápita concedido últimamente a las gerenciadoras, algunas de las cuales aún siguen sin responder los reclamos de mejoras arancelarias entabladas por la Federación Bioquímica.
Además, no debe perderse de vista que a partir de marzo próximo, las gerenciadoras recibirán otros dos pesos de incremento capitario.
De esta manera, los anuncios públicos realizados por el anterior interventor del Instituto, Juan González Gaviola, con respecto a que desde enero se cambiaría el actual sistema prestacional eliminando la figura de las gerenciadoras y contratándose directamente con los prestadores, cuyos auténticos representantes son las entidades como FABA, quedaron en la nada.
Por otra parte, en abril próximo se cumplirán ya dos años de la deuda que de siete meses de prestaciones mantiene el Pami con los prestadores, sin que hayan habido definiciones concretas sobre la forma, el modo y la ocasión del pago de esos importantes fondos. La posibilidad consignada en su momento por González Gaviola con respecto a que la deuda sea liquidada con algún tipo de bonos oficiales, se ha difuminado en los pasillos gubernamentales y nada se sabe al respecto.

Corrupción

En tanto, durante el mes de enero, Graciela Ocaña denunció que existe un “núcleo muy duro de corrupción” dentro de la mayor obra social de jubilados, a la vez que ratificó que trabajará para eliminar esos focos para terminar con el viejo Instituto que “no daba servicios y que sólo servía para que algunos se llenaran sus bolsillos”. “Hay un núcleo todavía muy duro de corrupción en el Pami”, afirmó Ocaña, y adelantó los pasos a seguir durante su gestión al ratificar que “trabajaremos para eliminar esos focos”. Asimismo, la diputada del ARI adelantó que desde su gestión al frente del Pami “ya estamos elaborando un plan para normalizar a fondo” el organismo.Ocaña reveló no sentirse “presionada” por ningún sector dentro del organismo: “a mí nadie me presiona y yo no me siento presionada por nadie. No sé si alguno lo habrá intentado, pero yo no lo sentí eso”, subrayó. Además, la funcionaria confirmó que en “15 ó 20 días” tendrá terminado un “anteproyecto” que contendrá pautas vinculadas al plan de normalización de la obra social de los jubilados que, -antes del 30 de mayo-, las autoridades del Instituto deberán elevar al gobierno de Néstor Kirchner.
“Antes del 30 de marzo -explicó Ocaña- tenemos la obligación de presentar al Poder Ejecutivo un proyecto de ley a fin de llevar adelante la normalización y las modificaciones que deben hacerse”.
Al excusarse de abundar en mayores detalles sobre esta cuestión, señaló que “estamos trabajando en ciertos borradores que, básicamente, contemplan la libre elección de todos los afiliados del Pami para que haya una verdadera participación en la selección del futuro directorio”.
Sobre las permanentes denuncias sobre presuntas “mafias” existentes en la obra social de jubilados y pensionados, la funcionaria reconoció que “hay un núcleo todavía muy duro de corrupción dentro del Instituto”.
Sin embargo, fue categórica al ratificar su propósito de combatir todo tipo de irregularidades: “Estoy trabajando para darle transparencia, eficacia y servicios al Pami y, fundamentalmente, para eliminar esos focos de corrupción”.
No obstante, Ocaña dejó en claro que en el Instituto “también existe una gran cantidad de trabajadores y de personal que está dispuesta a llevar adelante eso que yo llamo la ‘causa nacional’ que es terminar con ese viejo Pami que no daba servicios y que solo servía para que algunos se llenaran sus bolsillos”.
Finalmente, Ocaña insistió en destacar que entre las “muchas cosas que falta por hacer en el Pami” resta el “establecimiento del pliego de licitaciones, -que den por término a la intermediación-, ese modelo de saqueo en la obra social”.

Frustran estafa

En otro orden, Graciela Ocaña, archivó los borradores de unos pliegos que fueron repartidos antes de que se publicara el llamado a licitación de los servicios de salud mental, lo que frustró una estafa de ocho millones de pesos.
Con las sospechas de que varias copias habían salido del Pami antes de que se concretara oficialmente el llamado a licitación, y con la evidencia de que ese material en estudio había desaparecido de la obra social, se dieron de baja los borradores que contenían las condiciones del concurso.
Este proceso licitatorio del servicio de salud mental se encontraba en una etapa inicial, ya que había comenzado en los últimos cuatro meses de la gestión de Juan González Gaviola.
Este servicio a licitar, que alcanzaba a prestaciones de tratamientos psiquiátricos e internaciones, tendría un costo estimado era de unos 8 millones de pesos.
“Fue archivado porque eran tantas las irregularidades observadas que, para evitar dudas y suspicacias, se tomó esa determinación”, contó un vocero del Instituto, quien además adelantó que Ocaña dispuso que se investigue a las personas de las cuales se sospecha que participaron en la confección de los pliegos para conocer por qué fueron distribuidos con antelación a las que se les abrirá un sumario interno.
Si bien todavía no se conocen los nombres de los sospechosos en esta maniobra, no descartan investigar a personas ajenas al Pami que hayan sido contratadas en gestiones anteriores.
De acuerdo con el texto, los pliegos tenían un costo de 1000 pesos y los prestadores interesados sólo podrían haber comprado las bases una que vez que hubiera sido publicado el llamado a licitación.
Según pudo saberse, la investigación interna hará foco en el Departamento de Salud Mental, donde se encuentran “mafias que son de temer”, agregaron voceros cercanos a Ocaña.

Respaldo

A poco de su asumir la intervención del Pami, Graciela Ocaña recibió el apoyo de los directivos de clínicas, sanatorios y hospitales de capital nacional en su “esfuerzo por transparentar y hacer más eficiente el organismo”, y respaldaron la política del Gobierno nacional de avanzar en la reingeniería de la salud pública.
Las prestadoras -integradas en la asociación Argentina Salud Comunidad- conforman la red de atención en todo el país, por lo que se manifestaron a favor de avanzar hacia una “reingeniería institucional del sector salud”.
“Esa reingeniería permitirá restablecer, como un país serio, el acceso pleno de la población a la salud”, sostuvieron las entidades en el comunicado, en el que se elogió “las señales que va dando el gobierno, como el plan de medicamentos, el materno-infantil, el compromiso de normalizar el PAMI anunciado por su nueva titular”.
Al respecto destacaron el compromiso de la funcionaria en “transparentar el organismo haciéndolo cada día más eficiente”, por lo que las prestadoras expresaron su “confianza” en la flamante funcionaria al tiempo que señalaron su “apoyo al actual ordenamiento del sistema sanitario”.
A través de un comunicado de prensa, los representantes de clínicas, sanatorios, hospitales, aseguradoras y mutuales, entre otras pequeñas y medianas empresas, resaltaron que “la red de prestadores, que emplea a 800 mil personas, está al servicio de toda iniciativa pública que garantice la atención de la población”.