Institucionales

Pami: siguen atrasos en tasas de incentivo
Normal desarrollo en la aplicación del convenio con la Unidad de Gestión Local X, de Lanús

Sigue la preocupación por los importantes atrasos en los pagos de tasas de incentivo o excedentes de cápita en los ámbitos correspondientes a las Unidades de Gestión Local de San Marín, San Justo y Luján. El Instituto ya ha realizado las auditorias de real prestación donde vienen solcitando las órdenes médicas y se espera, al haber cumplido con lo requerido, que en forma inmediata efectivicen los pagos de varios meses de atrasos
Simultaneamente, y prácticamente desde el inicio del convenio, la UGL VIII de San Martín ha relevado todos los laboratorios de nuestra red, pertenecientes a los Partidos de San Isidro, Vicente López, Tres de Febrero, San Martín, San fernando, Tigre, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, pertenecientes a todo el Distrito 4 y a parte del Distrito 3 de FABA En el marco de esas auditorias realizadas por parte de la UGL de San Martín, algunos laboratorios optaron por darse de baja temporariamente a efectos de adecuarse a las normas del Pami, para lo cual cuentan con el más amplio asesoramiento de la Federación Bioquímica para lograr lo solcitado por el PAMI. Estas auditorias han sido aceptadas por nuestra entidad al adherir a la Resolución 284 del Instituto, sin perjuicio de lo cual se considera que en algunas ocasiones la obra social ha incurrido en exageraciones en cuanto a las exigencias.
Por otra parte, y después de algunos inconvenientes lógicos y propios de la entrada en vigencia de todo nuevo modelo prestacional, el convenio con el Pami, que en la UGL de Lanús comenzó a tener vigencia en agosto para un universo de 330.000 beneficiarios, después de un mes se aplica con total normalidad, con completa satisfacción de los afiliados del Instituto que antes se enfrentaban a un modelo virtualmente inaccesible, siendo cautivos de un único prestador.

INTIMAN A PREPAGAS
El ministerio de la Producción bonaerense intimó a 29 empresas de medicina prepaga que operan en la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de 15 días modifiquen y/o eliminen cláusulas de sus contratos que considera abusivas para los afiliados. Las empresas, entre otros cambios, deberán suprimir la cláusula que establece un aumento de cuotas cuando el afiliado cumple 65 años y modificar la letra de los contratos en relación a enfermedades "preexistentes" de las personas que ingresan al sistema prepago.
"En la Provincia trabajamos para ampliar el acceso a la información sobre los derechos a los consumidores y usuarios y en este caso buscamos la adecuación de los contratos para disminuir su condición de vulnerabilidad en la relación de consumo", dijo la ministra de la Producción Débora Giorgi.
La Dirección Provincial de Comercio de la cartera productiva definió que son cláusulas abusivas, el aumento de la cuota cuando avanza la edad del beneficiario, debido a que se estableció que las empresas "trasladan en forma injustificada sus costos y el riesgo empresario a los afiliados".
Las prepagas fueron intimadas también a cambiar las cláusulas de admisión en las que expresamente excluyen de la cobertura a las enfermedades preexistentes "conocidas o no" por el afiliado. La Dirección de Comercio estableció en su dictamen que estas firmas disponen de los medios para realizar los exámenes médicos necesarios para establecer las enfermedades "preexistentes" de las personas que se afilien. Sin embargo algunas compañías intimadas establecen en sus contratos que es el propio afiliado quien debe hacerse cargo de estos estudios.
También se consideró injusta la potestad reservada por la empresa de rechazar al afiliado la solicitud de un cambio de plan sin explicación de causa que lo justifique, ya que implica una renuncia de los derechos del afiliado y una ampliación injustificada de los derechos de la prepaga. Es que actualmente los usuarios o tienen derecho a optar libremente por otro plan en vigencia de la empresa -de menor o mayor costo-, ya que dependen de la autorización de la prepaga.
El área de Comercio consideró que esas transgresiones resultan asimilables al efecto que produce la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa, conducta que esa norma sanciona expresamente.

AUDITAN A OSDE
La Inspección General de Justicia (IGJ) dispuso una investigación administrativa y la intervención directa de inspectores en la administración central de la prestadora de servicios de salud OSDE, se informó oficialmente.
La IGJ tomó esta decisión "a partir de las denuncias formuladas por asociados y de los conflictos desatados entre los propios miembros de la conducción de esa asociación civil", informaron voceros del organismo.
Las fuentes puntualizaron que por resolución 2006550, la presidenta de la Inspección de Justicia, Deborah Cohen, solicitó informes "sobre los balances y funcionamiento de los órganos de conducción de OSDE".
También dispuso que un inspector de esa dependencia "controle el desarrollo de la Asamblea de Asociados", máximo organismo de conducción de la prestadora de servicios que, a diferencia de las otras prepagas de salud, en una Asociación Civil sin fines de lucro.
En el expediente de la IGJ figura una denuncia presentada por afiliados (59.703) en la que se consigna que OSDE --una de las entidades de mayor prestigio en el mercado-- "se estaría apartando de su finalidad de bien público para convertirla en una sociedad comercial y así poder ser absorbida por otras operadoras".
"Las acusaciones cruzadas desencadenaron en conflicto internos, aún no resueltos, entre los miembros de la conducción", revelaron los voceros.
A raíz de esa situación y frente a la posibilidad de que se ponga en riesgo la prestación de los servicios de asistencia que reciben 1,2 millones de argentinos, al IGJ decidió intervenir en forma directa.