Fondos de obras sociales y una pelea que se viene
La intención del gobierno de manejar esa “caja” ya había sido anticipada hace unos meses pero parecería ir cobrando forma. Disgusto cegetista.
Desde bastante antes de las últimas elecciones presidenciales ya no era un secreto que en el gobierno nacional se manejaba la idea de tomar dineros de obras sociales para financiar parte de sus gastos corrientes y la reiterada toma de fondos del PAMI y del ANSES no hace más que, por lo menos, abonar esa hipótesis.
Cuando el titular de la Confederación General del Trabajo, Hugo Moyano, realizó en diciembre el sonado acto por el Día del Camionero en el estadio del club Huracán, entre los aspectos más salientes de su fuerte reclamo al gobierno nacional incluyó con vehemencia el de las obras sociales, reclamando una deuda oficial para con éstas que ubicó en el orden de entre 12.000 y 15.000 millones de pesos.
“Subsidian los casinos y les quitan el dinero para la salud de los trabajadores”, dijo el dirigente obrero entre otras frases de similar contundencia.
Rápidamente, desde el gobierno se filtró a la prensa que la presidente Cristina Fernández de Kirchner había solicitado al titular del PAMI, Luciano Di Césare, la confección de un proyecto de creación de un organismo oficial cuyo objetivo sería el de manejar los fondos de las obras sociales destinados a las prácticas de alta complejidad.
Si bien hubo quienes a nivel oficial deslizaron que la versión obedecería a tratar de calmar a Hugo Moyano ante la serie de fuertes y varios reclamos realizados al gobierno nacional, lo cierto, según otros, sería que el proyecto en cuestión ya estaría redactado desde hace algún tiempo y que se buscaría la ocasión propicia para remitirlo al Congreso de la Nación donde la iniciativa sería aprobada con facilidad, aunque habría que esperar el inicio formal de las sesiones ordinarias del periodo legislativo 2012, lo que abre un compás de espera apto para entablar alguna negociaciones con los gremialistas, según se especula en medios políticos.
En ese marco de tensión, unos días después del acto moyanista, el secretario general del gremio de Judiciales, Julio Piumato, y el del Sindicato Textil, Jorge Lobais, tras aclarar que hay ruptura de la CGT con el Gobierno, admitieron la posibilidad de recurrir a la Justicia por la deuda de la Nación con las obras sociales sindicales.
Ambos gremialistas, firmes aliados de Hugo Moyano, señalaron que la CGT "sigue apoyando al Gobierno", que mantiene el diálogo con los ministros y que "la presidenta Cristina Kirchner es la que debe conducir", aunque mostraron matices.
Piumato aseguró que "Moyano fue tremendamente sincero" durante su discurso por el Día del Camionero, cuando anunció su renuncia a los cargos en el PJ nacional y bonaerense, y reclamó por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la deuda del Gobierno con las obras sociales.
En este sentido, y en línea con los reclamos de Moyano, Piumato ratificó el reclamo de que se liberen los fondos para las obras sociales y advirtió que esta exigencia viene "desde 2003".
"Si nos dicen para qué se usa esta plata nosotros podemos reconocer y esperar, pero no tengamos miedo de instalar debates, así crecen los pueblos", sostuvo Piumato.
Por su parte, Lobais reveló que "se está preparando un reclamo judicial de todos los gremios que quieran participar" por el dinero que la Nación le adeuda a las obras sociales, al tiempo que aseguró que "hubo un compromiso presidencial de ir devolviéndola, pero no se cumplió".
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