Sombrío panorama
para los prestadores de salud
Se profundizan los atrasos del IOMA mientras que se negoció a espaldas de los bioquímicos un aumento de los sueldos de los trabajadores del laboratorio de un 25 por ciento. FABA redobla la labor gremial con una nueva ronda de negociaciones con obras sociales sindicales y prepagas médicas
La segunda mitad del año comenzó para los prestadores de salud de la provincia de Buenos Aires de la peor manera, haciéndose realidad cada una de las advertencias que se han realizado en los últimos meses en estas mismas páginas.
El accionar gremial de la Federación Bioquímica se está viendo redoblado de cara a llevar soluciones en los distintos frentes con una situación de fondo que, empero, tiende a agravarse.
Por un lado, al haberse cobrado en julio solamente el 75 por ciento de un cápita, correspondiente a completar la cápita de marzo en un 50 % y un 25 % de abril, al Instituto de Obra Médico Asistencial, se ha profundizado severamente el atraso de los pagos de esta obra social.
Este nuevo atraso se suma a lo ocurrido durante el mes de abril, en el que el IOMA abonó sólo la mitad de la cápita.
A raíz de esta situación, la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires cursó al Instituto una intimación para cancelar cuanto antes la parte de la cápita no efectivizada en julio, ya que de lo contrario, a partir de la segunda semana de agosto se interrumpiría el reconocimiento a los afiliados del IOMA de las prácticas fuera de cápita, es decir, las que se pagan por prestación.
Se trata, sin duda, de una contingencia que FABA no desea pero que se torna imperiosa habida cuenta de que ya no es posible seguir financiando al Instituto con el esfuerzo financiera de los bioquímicos bonaerenses, sencillamente porque ya no se puede, además de que no es justo. Ya el atraso de los pagos del IOMA ha tomado una dimensión más que preocupante.
Obviamente, el marco que provoca la génesis del atraso del Instituto es el del conflicto político entre el gobernador Daniel Scioli y la presidente Cristina Fernández de Kirchner, problema al que están ajenos los bioquímicos como también lo están el resto de los prestadores y la ciudadanía bonaerense que, sin embargo, pagan las consecuencia de manera directa e injusta.
Esto ya se veía venir, tal como se expresara en su momento en FABA Informa, desde fines del año pasado, lo mismo que el enfrentamiento entre la Presidente y la conducción de la Confederación General del Trabajo.
Lo que se vislumbra en el horizonte son más problemas. El diferimiento del pago del medio aguinaldo a los trabajadores públicos de la Provincia en dos cuotas fue una muestra. Y pese a que finalmente el gobierno nacional envió algunos fondos a Sicoli y que autorizó a éste a tomar más deuda a cambio de bonos del tesoro provincial, el flujo de los fondos coparticipables al gobierno bonaerense seguramente seguirá con trabas, lo que no significará, en nuestro caso, otra cosa que más atrasos en el IOMA o, cuanto menos, la imposibilidad de revertir las demoras en los pagos.
Más allá de los atrasos, no se puede omitir recordar que el IOMA, tras dos ofrecimientos consecutivos rechazados por parte de FABA, finalmente reconoció una mejora capitaria para los bioquímicos que no ha satisfecho.
Mientras tanto, las negociaciones por un incremento de la capital del PAMI (ver Página 3) siguen a la espera de definiciones.
Aumento salarial
Entre gallos y medianoches, las cámaras empresarias que se atribuyen la representación gremial de los profesionales bioquímicos acordaron, en el marco de convenio colectivo 108/75, en menos de dos horas, una suba salarial del 25% a partir de agosto para los trabajadores de laboratorios de análisis clínicos.
Como se sabe y pese a las apelaciones judiciales presentadas, la Federación Bioquímica no puede participar por la parte patronal en la negociación de la convención colectiva, por capricho del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Este aumento salarial, cuya justicia no se discute, ha sido negociado sin que se cuente con los recursos económicos mínimos necesarios para hacerle frente, lo que agrava más aún la situación de los bioquímicos bonaerenses y contribuye a la desfinanciación del sector.
La mejora capitaria que reconoció el IOMA ha quedado muy alejada del porcentaje de la mejora salarial, cuestión que no ha sido tenida en cuenta por quienes adjudicándose una representación profesional de la que en realidad carecen discutieron el aumento de sueldos de los trabajadores del laboratorio.
Acciones gremiales
Como contrapartida a estos focos de conflictos, la conducción de la Federación Bioquímica ha iniciado nuevamente una ronda de negociaciones con obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga, con el objeto de lograr mejoras arancelarias que permitan encarar el pago de sueldos con los recursos necesarios.
No obstante, hay que decir que también en estos frentes se advierten situaciones adversas porque, por un lado, muchas de las obras sociales sindicales están sufriendo apremios económicos a partir de que sus ingresos están siendo afectados como consecuencia directa del conflicto político entre el gobierno nacional y la CGT, enfrentamiento que ha entrado en una etapa aguda y prueba de ello es que varios gremios estudian presentar acciones judiciales contra la decisión de la Presidente de disolver la Administración de Programas Especiales (APE), a través de la cual se destinaban fondos millonarios a las obras sociales para tratamientos de alta complejidad.
La APE ha sido absorbida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que desde marzo último quedó a cargo de Liliana Korenfeld, aunque el Poder Ejecutivo nombró nuevos gerentes en el directorio de ese organismo regulador, a través de tres decretos publicados el 19 de julio en el Boletín Oficial.
Por medio del decreto 1198, la presidenta Cristina Kirchner estableció: "Absórbase la Administración de Programas Especiales dentro de la estructura organizativa de la Superintendencia de Servicios de Salud".
Esa decisión fue tomada para "consolidar paulatinamente el proceso de reordenamiento que permita concretar las metas de racionalización y eficiencia en la gestión pública", según la Casa Rosada.
Además, argumentó que el objetivo es "asegurar un contexto de mayor control y cumplimiento de las funciones esenciales del Estado".
Por otro lado, las empresas de medicina prepaga no están dispuestas a reconocer incrementos arancelarios a los prestadores sin que el gobierno nacional no las autorice a aplicar un aumento en el calor de las cuotas que cobran a sus afiliados.
El presidente de la Asociación de Medicina Privada, Néstor Gallardo, ratificó que ese sector prevé aumentar el precio de sus planes de salud en un 25 por ciento, pero para ello, necesitan la autorización del Gobierno nacional.
Según el dirigente, el ajuste se concretaría en dos tramos: un 15 por ciento en agosto y un 10 por ciento en diciembre próximo.
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