Institucionales

Demoras del PAMI para pagar tasas de incentivo atrasadas
Se había prometido que a principios de agosto se liquidaría el total de lo adeudado de 2009 pero ello no ocurrió


La conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, tal como se había reflejado en la última edición de FABA Informa, se había comprometido a liquidar a principios de agosto el total de las tasas de incentivo adeudadas del año pasado pero finalmente esos montos no se efectivizaron.
Durante agosto se realizaron entre la conducción del PAMI y la CUBRA, con la activa participación de FABA, dos reuniones en las que se trataron ese y otros temas, pero no se brindaron precisiones con respecto a una fecha cierta para los pagos de las tasas de incentivo de 2009.
Esta situación se da en un marco conflictivo, dado que el PAMI todavía no definió la mejora capitaria que brindará a los prestadores a partir de agosto para hacer frente a los incrementos de sueldos de los trabajadores del sector que se aplicarán a partir de ese mismo mes. Esto a su vez responde a que la paritaria con el gremio de Sanidad y en la que la Federación Bioquímica tiene vedada su participación por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, se presenta muy trabada y al 31 de agosto no se había llegado a un acuerdo, con varias jornadas de paro de actividades decretadas por el gremio de por medio.
Por eso hay que decir que cuando la paritaria se defina, el PAMI también dispondrá el monto de la mejora capitaria que se viene discutiendo. Hasta el momento, el Instituto siempre acompañó con aumentos a cada incremento salarial de Sanidad y es de esperar que continúe en esa línea.
También se espera un ajuste adicional de la cápita en función del consumo de tal forma que lo que se liquidaría por Tasa de Incentivo sea aproximadamente el 20 % como excedente. Esta actualización tendería a blanquear la verdadera Tasa de Uso, ya que en las mayorías de las UGls el consumo estipulado en la cápita significa un 50% de la real prestación y, a pesar que está estipulado el cobro de los exedentes las auditorías sumamente complicadas y dificultan extremadamente la facturación de los mismos . Pero en este punto también hay que hacer hincapié en que la Federación Bioquímica sigue insistiendo en que en el territorio bonaerense se eleve el valor de las liquidaciones de los incentivos en aquellas Unidades de Gestión Local que pagan los menores valores, debiendo alcanzar los valores IOMA según contempla la Resolución 284 del PAMI.

Otras gestiones

Mientras tanto, FABA sigue adelante con su ronda de negociaciones con obras sociales sindicales y empresas de medicina prepaga para conseguir mejoras en las retribuciones profesionales.
Algunas de estas firmas han otorgado ciertas mejoras pero al mismo tiempo aducen que si antes de fin de año no vuelven a aumentar sus cuotas, no estarán en condiciones de acceder a los niveles de honorarios que se reclaman. Lo que no dicen es que cuando lograron aplicar exorbitantes aumentos de las cuotas, ello no se trasladó en la misma proporción al pago de los prestadores del sistema.
Además, se siguen las tratativas con obras sociales, varias de las cuales ya han respondido con aumentos mientras que con otras aún prosiguen las negociaciones.

Condicionamiento

En líneas generales puede decirse que la falta de definiciones de las paritarias del sector condicional al PAMI y a otros financiadores.
La preocupación por la situación planteada no solamente genera preocupación entre los bioquímicos bonaerenses. Por caso Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina -ADECRA-, frente a las medidas de fuerza llevadas adelante por el sindicato de la Sanidad solicitando un incremento de los haberes básicos del 20% a partir de los salarios de agosto, más otro 12% para fines de año., indicó que "trabajamos continuamente con el objetivo de encontrar soluciones para los trabajadores que integran nuestras instituciones, pero en el marco de soluciones integrales para todo el sector prestador. Por ello, en las condiciones económicas actuales nos resulta imposible otorgar el incremento salarial del 32% que pide el sindicato de la sanidad".
Agregó Cherro que "en el sindicato saben que las clínicas no tenemos los recursos para ese aumento. Nuestra realidad es diferente a la de los Hospitales de Comunidad de Capital Federal (Hospital Italiano, Alemán y Británico), que no pagan impuestos entre otros beneficios. No puede ser que este convenio marque la pauta salarial de las clínicas de todo el país, nosotros tenemos otro convenio y por lo tanto queremos negociar, no podemos aceptar que nos impongan condiciones que fueron negociadas por otros. Paritaria significa negociar no imponer unilateralmente. No aceptamos medidas de fuerza porque estamos en negociación".

Desfinanciación

La falta de acuerdo en la paritaria, por otra parte, no es más que uno de los aspectos más visibles del progresivo desfinanciamiento del sistema sanitario argentino, algo sobre lo cual la Federación Bioquímica viene formulando advertencias desde hace años.
La crisis del sector sanitario privado se traslada al público en poco tiempo y de esa forma todo el sistema tiende al colapso.
Un cuadro actual de coyuntura indica que la inflación y la informalidad laboral impactan sobre el sistema público de salud, ya que los costos de los insumos médicos aumentaron en promedio más del 30 por ciento en el último año y unos 4 millones de trabajadores en negro y 1.300.000 desempleados y sus familias deben atenderse en los hospitales por carecer de obra social o prepaga.
Así, el sistema de atención de la salud estatal está cada vez más exigido, ya que mientras la población argentina pasó de 32 millones en 1991 a más de 40 millones en la actualidad, la cantidad de camas disponibles en centros sanitarios sigue siendo casi la misma, unas 90 mil, lo que confirma la crisis en la infraestructura hospitalaria, y se evidencia en demoras para acceder a una consulta médica, concretar intervenciones quirúrgicas o internaciones programadas.
Los datos forman parte de estudios previos con vistas al XIII Congreso Argentino de Salud que la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) realizará entre el 1 y 2 de setiembre en el hotel Park Hyatt de Mendoza, donde cientos de prestadores, profesionales de la salud y jueces analizarán la problemática del financiamiento del sector, y el proceso de "judicialización de la medicina" y su elevada incidencia en los costos.
Uno de cada tres trabajadores cobra su salario en negro: según los datos oficiales del INDEC al 34,6 por ciento de los trabajadores no se le hacen los descuentos jubilatorios de ley al momento de percibir su remuneración y en consecuencia quedan sin cobertura de obra social.
Esto afecta a 4 millones de personas y sus familias, y explica por qué en el país ya se concretan más de 110 millones de consultas anuales en hospitales y centros de salud.
De acuerdo con los datos que se están elaborando para este XIII Congreso, la situación en el conurbano bonaerense, donde ya se concentran más de 9 millones de personas, agrava el panorama porque las guardias hospitalarias están sobreexigidas.
Buena parte de los habitantes del esa región superpoblada optaron por atenderse en hospitales públicos porteños, donde aproximadamente el 35 por ciento de los pacientes procede del Gran Buenos Aires.
El sector público, que representa aproximadamente el 60 por ciento de la oferta total de camas en el país, dispone sólo de 2,3 posiciones por cada 1.000 habitantes, indicador notoriamente inferior al registrado en los países desarrollados donde alcanza las 8,5 camas por millar.
Este sector, con el 30 por ciento del gasto total, debe atender al 45 por ciento de la población que no cuenta con cobertura de obra social o prepaga.
La inequidad se refleja también en el sistema sanitario: mientras casi el 100 por ciento de los hogares de clase alta tiene cobertura de salud, entre los de menores recursos apenas el 30 por ciento posee alguna.
Según el Barómetro de la Deuda Social Argentina elaborado por la Universidad Católica (UCA), el 46 por ciento de las atenciones de pacientes de clase media se hace a través de una obra social, mientras que en el caso de los estratos bajos apenas el 12,4 cuenta con esa cobertura.