Persiste en el PAMI la falta de respuestas por tasas de incentivo
La situación ya afecta a los bioquímicos de todo el país por lo que se aguarda un pronunciamiento de la CUBRA.
Prosiguen con el mismo grado de gravedad los atrasos por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados en los pagos de las tasas de incentivo, lo cual provoca una honda preocupación en el sector bioquímico en virtud del desfinanciamiento de los laboratorios de análisis clínicos.
Pese a las reiteradas solicitudes formuladas por la Federación Bioquímica, el Pami central no ha dado respuestas a estos atrasos que en algunos casos superan el año.
Ya se ha indicado que la cápita del PAMI junto a las tasas de incentivo constituyen, en conjunto, una retribución profesional aceptable, pero si este último concepto no se abona, como viene pasando, la ecuación económica se desbalancea gravemente en perjuicio de los bioquímicos.
La misma situación se está dando en todo el país, a raíz de lo cual la Federación Bioquímica entiende que es la CUBRA la que debe salir a respaldar este reclamo a nivel nacional con todo vigor.
Se realizará a comienzos de diciembre una reunión con funcionarios de segundo nivel del PAMI central pero no existen expectativas firmes con respecto a los resultados que pudieran obtenerse durante ese encuentro.
Mientras tanto, persisten los retrasos en los pagos de las tasas de incentivo con sus enormes complicaciones burocráticas que nacen de auditorías de real prestación, que parecieran nunca llegar a definiciones concretas resultando finalmente perjudicial para los laboratorios, mientras el gobierno nacional toma fondos del PAMI para destinarlos a gastos corrientes.
Más fondos a obras sociales
Por otra parte, y mientras esto ocurre el gobierno les aumenta los recursos a las obras sociales elevando en un 30% el monto mínimo garantizado por cada beneficiario.
La noticia, que causó verdadera conmoción en el ambiente sanitario, se conoció en noviembre mediante un artículo publicado por el matutino porteño Clarín en el que se indicó que en medio de la disputa que volvió a aflorar en las últimas semanas entre el sindicalismo peronista y algunas agrupaciones gremiales de izquierda, el Gobierno tuvo un gesto inequívoco de respaldo hacia sus aliados más tradicionales. El guiño consiste en aumentar casi un 30% a partir de diciembre el piso mínimo garantizado que reciben las obras sociales por cada beneficiario. Inicialmente, se había barajado un reajuste del 25%, pero fue reconsiderado a último momento según le confirmó a Clarín el Superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio.
"Según el funcionario, la decisión se debe a que creció más que lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía. Pero también pesó el hecho de que el Gobierno tiene retenidos de ese Fondo unos $ 3.000 millones que pertenecen a las obras sociales. Y con ese incremento del mínimo garantizado, y otras medidas que están en estudio, buscaría ir achicando la deuda que reclaman los sindicatos. El principal gestor ante la Casa Rosada para ir desagotando esa deuda es el jefe de la CGT, Hugo Moyano, quien se reunió en varias oportunidades con la presidenta Cristina Kirchner por este tema".
Según Clarín, "esa garantía mensual por cada beneficiario, de acuerdo a la estructura del sistema, está a cargo del FSR que se nutre de un porcentaje de las contribuciones y aportes de los afiliados. Por eso lo que recauda este Fondo no es del Gobierno sino del sistema de obras sociales. El piso garantizado significa que dicho Fondo le transfiere a las obras sociales la diferencia entre lo que recaudan de sus afiliados y los valores mínimos garantizados. Y en el caso del PAMI transfiere por cada afiliado de la obra social de los jubilados que se atiende directamente a través de una obra social".
"Ese valor mínimo se determina según el sexo y riesgo médico" de los afiliados y beneficiarios del sistema, con el criterio de que el gasto en salud varía según el género y las edades. Así, para los menores de 14 años el piso subirá de 28 a 36 pesos. Entre 15 y 49 años de 44 a 57 pesos para el varón y de 52 a 67 pesos para las mujeres. Y entre 50 y 64 años de 52 a 67 pesos para ambos sexos. Por encima de 65 años, el incremento será 114,50 a 148 pesos. Los nuevos valores regirán desde diciembre próximo. Así el valor mínimo para una familia tipo (matrimonio y dos hijos menores) será de $ 196. De este modo, las obras sociales que recaudan menos de ese valor deben recibir del Fondo la diferencia. Con este aumento el Fondo debería acumular menores excedentes. De todas maneras, ese Fondo cuenta con un saldo de más de $ 3.000 millones que las obras sociales reclaman que sean distribuidos entre las entidades, de acuerdo a lo que fija la ley que regula el sistema. ¿Cómo y por qué se generó ese deuda de semejante magnitud? La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deposita en esa cuenta especial todos los meses, según los niveles salariales, entre el 10 y 20% de los aportes y las contribuciones que hacen los afiliados y los empleadores a las obras sociales. Pero como desde hace tiempo ese dinero fue incluido en el Presupuesto Nacional, el Gobierno no distribuye automáticamente todo lo que ingresa sino una suma menor y que fija a través de la partida que le asigna a la Administración de Programas Especiales (APE). El Fondo de Redistribución Social financia los valores mínimos garantizados y los tratamientos de alta complejidad por medio de la APE. Para el año próximo, según el Presupuesto 2010 recientemente aprobado en el Congreso, la APE contará con $ 1.050 millones".
Cuestionamiento de Ocaña
En tanto, la ex-ministra de Salud Graciela Ocaña cuestionó la decisión oficial de aumentar los recursos a las obras sociales, al advertir que esos fondos "pueden ser desviados en otros sentidos".
"En ciertos casos, el dinero va al patrimonio particular de algunos dirigentes sindicales y no para mejorar las prestaciones", aseguró Ocaña. La también ex interventora se refirió así a la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de elevar en 30 por ciento el monto mínimo garantizado por cada beneficiario, mediante un fondo superior a los 3.000 millones de pesos.
"Preocupa que ese dinero sea usado por las obras sociales. Este dinero no es del Estado ni de los sindicatos, es una parte de los aportes de los trabajadores para garantizar prestaciones de alto costo", resaltó Ocaña.
Para la ex funcionaria sería "grave" que la medida anunciada por el superintendente de Servicios de Salud, Ricardo Bellagio, a través de dos matutinos, sea implementada.
Bellagio argumentó que la decisión se debe a que creció más que lo previsto la recaudación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia esa garantía.
"Es una forma de apropiarse recursos, una forma de corrupción muy importante", alertó la ex funcionaria, quien renunció al Ministerio de Salud en medio de una fuerte pelea con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano.
Precisamente, apuntó contra el jefe sindical al asegurar que "en algunos casos, como en (el Sindicato de) Camioneros", la administración de estos fondos está a cargo de empresas "que son justamente de la familia Moyano".
El traspaso del FSR a las obras sociales "era siempre la aspiración de Hugo Moyano", agregó Ocaña y enfatizó que algunos gremialistas "creen que estos recursos son propios".
"Esto es grave porque este 30 por ciento tampoco explica muy bien a santo de qué, más que para poder repartir este fondo", sostuvo.
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