Institucionales

Se negocian con IOMA aumentos de la cápita y de los coseguros
El Instituto ofrece un incremento capitario del 17 por ciento, el mismo guarismo establecido para el resto de los prestadores del sistema. La mejora, que entraría en vigencia a partir del primero de mayo, se considera insuficiente

A fines de abril las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial ofrecieron a la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, un incremento de la cápita del 17 por ciento que entraría en vigencia a partir del primero de mayo, tal como se ha acordado con el resto de las instituciones representativas de los prestadores.
FABA manifestó su disconformidad con ese porcentaje de aumento capitario por considerarlo insuficiente, habida cuenta de los incrementos que vienen teniendo los gastos de laboratorio a raíz de la inflación en general, los aumentos de sueldos de los empleados y la suba de los costos de los servicios públicos.
La Federación Bioquímica también destacó la necesidad de que el aumento propuesto por el Instituto sea acompañado por una mejora de los valores de los coseguros, cuestión a la que el IOMA respondió positivamente pero eludiendo determinar algún tipo de precisiones en cuanto a porcentajes.
De no instrumentarse una suba de los coseguros, el procentaje de incremento capitario ofrecido por IOMA pierde aún más significación.
Además, FABA puso énfasis en la muy abultada deuda que el Instituto mantiene con los bioquímicos bonaerenses por varios conceptos entre los cuales hay que mencionar, la falta de pago por las prestaciones fuera de cápita efectuadas entre los meses de agosto y diciembre del año pasado, el gran atraso del Plan Ser como de las atenciones realizadas en el marco del Convenio Interprovincial, y las determinaciones efectuadas durante los dos últimos años a afiliados que no figuran en el padrón.
En conjunto, la deuda es sumamente importante y ante el reclamo de la Federación Bioquímica, las autoridades del Instituto quedaron en que en una fecha que no definieron, harían un ofrecimiento de pago.
Deudas de similar tenor mantiene el IOMA con el resto de los prestadores.
La última reunión entre las autoridades de FABA y de IOMA se dio en un marco más distendido con respecto al encuentro que se había sostenido a mediados de abril, encuentro en que el los representantes del Instituto pusieron el acento en supuestos cobros indebidos que se estarían realizando.
Esa cuestión que fue rechazada por la Federación, señalando que no es un cobro indebido cuando el paciente igualmente opta por realizarse una determinación de laboratorio que no ha sido autorizada por auditoría. Lo que sí debe lograrse es que en todos los establecimientos se cobren los mismos valores por las mismas prestaciones.
Con respecto a este último tema FABA insistió en que el pedido de autorización de prestaciones debería realizarse con una antelación de 48 horas, de modo que cuando el paciente llegue al laboratorio ya sepa cuáles serán las prestaciones que no les cubrirá el IOMA y cuáles son los valores que debería pagar para que se le brinden en forma particular. Además, se volvió a poner sobre la mesa la necesidad de llegar a un consenso con los médicos sobre los protocolos de prescripción.
Pero más allá de alguna cuestión puntual, en líneas generales se advierte que los conflictos políticos que mantienen los gobiernos de nuestra provincia y de la Nación, en cierto modo se trasladan al plano sanitario, marco en el que se notan diferencias entre las actitudes de IOMA y de PAMI.
En este sentido hay que decir que el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, muestra una actitud más abierta y conciliatoria porque, por ejemplo, ya se pagaron las tasas de incentivo hasta junio de 2010 y ya se empezaron a facturar las correspondientes al periodo julio-diciembre del año pasado.

Administración de programas especiales

Por otra parte, el Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Manuel Alves como nuevo gerente general de la Administración de Programas Especiales (APE), a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Se trata de un organismo descentralizado del Ministerio de Salud, que maneja un presupuesto anual de 1.100 millones de pesos, destinados a subsidiar a las obras sociales.
Alves reemplaza a Daniel Colombo Russell, un hombre cercano al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, quien había llegado al cargo a fines de 2009. El nuevo funcionario es un abogado ligado al ministro Juan Manzur y se desempeñaba como gerente de Asuntos Jurídicos en la Superintendencia de Seguros de Salud.

Presión cegestista

En tanto, Julio Piumato, integrante del consejo directivo de la CGT, sumó presión al Gobierno para que limite la actividad de la medicina prepaga, aunque reconoció que también se debe "corregir" el sistema de control de las obras sociales.
Piumato, secretario de Derechos Humanos de la central obrera, consideró necesario "regular" el mercado de la medicina prepaga, porque "la salud no es un comercio", al sugerir que esas empresas priorizan su negocio antes que la atención de los pacientes. La CGT le reclamará al gobierno impedir que nuevos empleados en relación de dependencia se sigan afiliando a obras sociales que tienen acuerdos con prepagas. "Hay un tema de mucha preocupación, que es la necesidad de regular a las prepagas. Porque hacen lo que quieren, como los multimedios, y no están reguladas", enfatizó el gremialista, quien anticipó que esta cuestión es uno de los temas centrales del debate con el Gobierno.
Días después, el titular de la CGT, Hugo Moyano, destacó, en alusión a las prepagas y el pase a éstas de afiliados de obras sociales, que "hay que sacar del sistema a los que no son del sistema".
Además, el sindicalista sigue esperando la convocatoria del Gobierno para discutir por la fuga de los afiliados a las prepagas y los 9.000 millones de pesos que adeuda el Estado a ese sistema de salud sindical.
La CGT espera que el ministro de Salud, Juan Manzur, ponga la fecha para la reunión en la que se debatirá sobre el sistema de obras sociales, que viene incrementando su rojo financiero año tras año, y también estrategias para evitar la fuga de los afiliados hacia las prepagas.
La queja de la CGT es porque las obras sociales se están quedando con la "pirámide invertida" del sistema, dado que concentran cada vez más a adultos mayores de 60 años y las personas con ingresos más bajos, y pierden a los más jóvenes, sanos y de mejores salarios.
Lo que ocurre es que las prepagas cuentan con una política agresiva para captar a los afiliados más jóvenes, sanos y que mejores salarios perciben, lo cual les facilita el superávit en cada balance anual.
En la Argentina hay unos 18 millones de personas con cobertura sanitaria a través de obras sociales, 2,5 millones por empresas de medicina prepaga y el resto por el sistema público y gratuito de salud, que se atiende en hospitales. El mapa no se modifica notoriamente en cuanto a la cantidad de afiliados de cada uno de los sistemas, pero sí desde hace una década viene cambiando según las características de los afiliados y las prepagas son las grandes beneficiadas.
Moyano pretende que Manzur exprese su posición sobre la deuda del Estado con las obras sociales: de los 9000 millones de pesos que son reclamados por la CGT, unos 6800 millones provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. El resto del monto surge de los reintegros de prestación de servicios de alta complejidad que se brindan a través de la Administración de Programas Especiales.

Un pago millonario

A los pocos días de las declaraciones de los líderes cegetistas, el gobierno nacional dispuso que el Banco Nación transfiera casi 344,9 millones de pesos al Fondo Solidario de Redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud, que beneficia a la obras sociales sindicales. Lo hizo a través de una resolución de la Secretaría de Hacienda publicada el 15 de abirl en el Boletín Oficial.
La medida establece que el Banco Nación transferirá los fondos correspondientes a las cuotas de programación de la ejecución de la Superintendencia de Servicios de Salud, por un total de 344.894.000 pesos. El depósito debió hacerse con fecha del 13 de abril de 2011, según el texto oficial.