Institucionales

Prepagas: la regulación avanza a marcha lenta en el Congreso
En Diputados se obtuvo un despacho en comisión pero todavía no fue tratado en el recinto.

El proyecto de ley que busca regular el sistema de medicina prepaga avanzó a fines de abril en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados aunque su debate en el recinto se postergó al menos hasta el mes de mayo, debido a que la oposición condicionó su discusión y pidió incluir varios de los temas de su propia agenda.
Si bien la comisión de Labor Parlamentaria iba a reunirse el 26 de abril para definir el temario de la sesión del día siguiente, el encuentro fue postergado, ya que la oposición anticipó que no estaba dispuesta a debatir esta iniciativa si no se incorporaba el proyecto de acceso a la información y el que regula la publicidad oficial, aseguraron fuentes parlamentarias.
De esta manera, el plenario se postergó aunque el oficialismo podría solicitar una sesión especial para incluir en el temario este proyecto junto a la inciativa que tipifica el lavado de activos como delito autónomo, que cuenta con despacho de dos comisiones.
El proyecto que regula la medicina prepaga recibió dictamen de la comisión de Salud, que aceptó las modificaciones realizadas por el Senado en agosto de 2010 aunque, para concluir el trámite, faltaría el paso de la norma por la de Legislación General, a la que también fue girado el texto. De todos modos, el proyecto está habilitado para ser debatido en el recinto, ya que cuenta con una preferencia "con o sin dictamen", votada en la última sesión de la cámara baja.
En la comisión de Salud, el proyecto contó con el respaldo del oficialismo, la UCR y Proyecto Sur y sólo el PRO se manifestó en contra, a diferencia de la postura que había adoptado esa misma bancada en agosto de 2008, mientras que el Peronismo Federal no envió ningún representante al encuentro. Desde el oficialismo, la diputada y presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, Adela Segarra (Frente para la Victoria), defendió el proyecto y consideró que "es imprescindible que el subsistema privado tenga regulación y que el Estado pueda intervenir en las cuotas y en los topes de edad".
Por el SI por la Unidad Popular, que integra el bloque de Proyecto Sur, Graciela Iturraspe, anticipó que esa bancada acompañará la regulación de una actividad que, dijo, "es imprescindible" aunque consideró que se trata de "una ley perfectible".
"No voy a acompañar este dictamen. Estamos haciendo un parche que no va a favorecer a ningún paciente", disparó la diputada del PRO, Gabriela Michetti, quien a diferencia de la postura adoptada por esa bancada en 2008, afirmó que la norma es "un experimento de dirigentes que se han quedado sin caja".
También, en esa línea, se manifestó la diputada de Valores para Mi País, Cinthya Hotton, quien cuestionó el texto y consideró que es "confuso", al anticipar su rechazo a la iniciativa por parte del monobloque que integra.
La reunión estuvo a cargo del vicepresidente de la comisión de Salud, el diputado radical por Corrientes, Agustín Portela, en reemplazo del titular del cuerpo, el chaqueño Antonio Morante (FPV), que llegó casi al término del encuentro debido a una demora en los vuelos pero se mostró a favor del proyecto. Si bien Portela había cuestionado la norma y la calificó de "incompleta", la postura del radicalismo estuvo a cargo de la diputada María Luisa Storani, quien anticipó que la UCR apoya el proyecto "más allá que sea perfectible".
El proyecto establece que, a partir de cierta cantidad de años de aportes, las prepagas no podrán aumentar las cuotas para esos afiliados mayores, por entender que los aportes que hicieron de jóvenes saldan ampliamente la brecha.
También, el texto expresa que no puede haber plazos extensos irrazonables de carencia, a diferencia de lo que ocurre actualmente en cuanto a que las prepagas exigen determinada cantidad de pagos para que el afiliado pueda hacer uso efectivo del servicio.
En cuanto a las modificaciones incluídas por la Cámara alta se estableció que la autoridad de aplicación de la iniciativa será el Ministerio de Salud, en lugar de la Secretaría de Comercio como se fijaba en la sanción original.
Otro de los cambios se realizó en el artículo primero, dejando afuera del alcance de la norma a las obras sociales sindicales, ya que están reguladas por las leyes 23.660 y 23.661.
Además, se cambió el artículo 22 que ahora estipula la obligación de las prepagas a mantener el 50 por ciento de su capital en una "reserva técnica" que garantice las prestaciones y el otro cincuenta por ciento en instrumentos financieros.
El proyecto, que presentó fuerte resistencia por parte de las empresas de medicina prepaga, fue impulsado en agosto del 2006 por primera vez por la entonces diputada del Frente para la Victoria, Patricia Vaca Narvaja, que lo volvió a presentar años, después hasta que finalmente se aprobó en Diputados en agosto de 2008.
Desde esa fecha, y hasta noviembre de 2010 permaneció en las comisiones del Senado, cuando fue aprobado por unanimidad a pocos días de que el proyecto perdiera estado parlamentario.
El vicepresidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Agustín Portela, aseguró esta mañana que el proyecto de ley que regula la actividad de las prepagas es "impefecto e insensato", pero sin embargo aclaró que lo apoyará. "Venimos advirtiendo que esta ley es imperfecta, que le falta sensatez, que pone en riesgo la vigencia de las prepagas. Nosotros acompañamos, pero hacemos la advertencia de que estamos trabajando en una ley correctiva", sostuvo el legislador radical.

Moyano

Por su parte, el titular de la CGT, Hugo Moyano, defendió el proyecto de regulación de la medicina prepaga que será tratado hoy en la Cámara de Diputados porque con el sistema actual "no prestan la asistencia que corresponde".
"En la letra chica de la inscripción no dicen todo, y después cuando la gente se adhiere y tiene que pagar, le sale más caro porque no le prestan la asistencia que corresponde", señaló Moyano, quien adelantó que "en 35 o 40 días" la CGT inaugurará un hospital en San Justo, partido de la Matanza, donde "hay muchos trabajadores y en un lugar en que las prepagas no van a invertir".
"Esa es la gran diferencia: las prepagas son empresas de salud mientras que las obras sociales son un sistema solidario que permite que el que aporte menos sea atendido de la misma forma que los demás", dijo.
Y consideró además que la actividad de la medicina prepaga debe ser regulada, ya que las empresas del sector tienen "ventajas muy grandes" frente a las obras sociales, al tiempo que destacó que "hay cantidad de situaciones que hacen que estas empresas no atiendan a los trabajadores, como las enfermedades preexistentes".
A su criterio, se trata de "empresas de salud que se diferencian de las obras sociales porque éstas últimas forman parte de un sistema solidario, que permite que al que aporta menos lo atiendan de la misma forma que al que aporta más".
En tanto, el ministro de Salud, Juan Manzur ratificó el apoyo del gobierno nacional al proyecto de ley de regulación de empresas de medicina prepaga que se trata en la Cámara de Diputados.
Actualmente, el sistema de medicina prepaga no tiene regulación, por lo que el Manzur destacó la necesidad de sancionar una normativa "que hace falta". En concreto, el titular de Salud resaltó la arbitrariedad en las decisiones de las empresas para pacientes con enfermedades preexistentes, el precio de cada plan dependiendo de la edad y la demora en el tratamiento de algunas enfermedades según el tiempo que éstas tengan desarrolladas. Además, también destacó que con la sanción los cerca de 4 millones de afiliandos podrán conocer "los derechos que pueden exigir" y que hoy se dirimen en el Poder Ejecutivo o en el Judicial.